Hace poco fui citado por la Fiscalía para rendir mi manifestación como testigo en un caso de presunta corrupción de funcionarios. Ello no tendría que asustar a nadie. Como funcionario y gestor público con dos décadas en estos avatares, siempre he sabido que nos toca colaborar con la justicia y el ministerio público. Lo sorprendente es que este caso data del año 2014 y aún no se resuelve, a pesar de estar bastante claro. Se trata de una ex funcionaria municipal que, para un evento que organizaba la gerencia a mi cargo en conjunto con otras dependencias del municipio, habría contratado un servicio de forma irregular a una empresa…¡de su propio padre!.

Al mismo tiempo en un reciente artículo en El Comercio, titulado La Tragedia del Buen Funcionario, Diego Macera sostiene que en los últimos años se habría instalado entre los buenos funcionarios públicos “una cultura del miedo a la sanción que paraliza las decisiones”. Pone como ejemplos la no firma de una adenda o la no autorización de una compra por temor a ser procesados judicialmente, con altos costos profesionales y personales.

Y como para darle la razón a Macera, en la última semana hemos sabido de dos casos en los que personajes parlamentarios plantean una demanda absurda por homicidio (asi como lo leen) a dos funcionarios que desempeñaron cargos políticos y de espectros ideológicos muy distintos. Por un lado, el ex ministro de salud, Victor Zamora (mas vinculado a la izquierda); y por otro, a la ex ministra de economía, Maria Antonieta Alva (tecnócrata de carrera). Ambos han tenido que salir públicamente a defenderse, aduciendo ser objeto de una persecución política por haber sido parte del gobierno de Martín Vizcarra. Su delito: tomar decisiones respecto al uso de pruebas rápidas en el contexto de la pandemia del Covid 19.

¿Pero es realmente un problema la amenaza de ser enjuiciado para tomar decisiones de gestión? ¿Es eso lo que hace que el Estado no funcione con celeridad? Tal vez haya que ver cada caso, pero considero importante distinguir en qué nivel se dan estas situaciones y cómo influye el contexto político.

En primer lugar, a medida que uno va subiendo en el escalafón gubernamental, es decir, desde direcciones de línea o generales, hasta viceministerios y despacho ministerial, no conviene dejar de lado el componente político de las decisiones de gestión que se toman. Un problema de la descomposición de nuestra política es que cada vez son más los casos en los cuales la “microgestión” se puede convertir en arma de destrucción masiva contra los adversarios, con consecuencias políticas que escalan hasta los funcionarios más encumbrados.

En otras palabras, si alguien te quiere fastidiar desde una bancada o partido de oposición, utilizará cualquier fisura o vacío administrativo para golpear a la gestión de turno. Así, hemos visto como por la compra de unas computadoras cayó un Ministro competente como Jaime Saavedra.

Por ello, dentro del aparato público es necesario tener siempre un ojo puesto en los actores políticos, acompañado del sustento técnico respectivo, y comunicar políticamente. Tal vez no deba ser desde la misma instancia de contrataciones, pero sí desde el cuerpo de asesores y círculo de confianza de funcionarios de más alto rango. La cantaleta de “soy técnico y no político” hace tiempo que demostró ser inconducente y poco realista.

Y esto nos lleva a lo segundo. Una adecuada gestión de los recursos del Estado por parte de un gobierno, sea nacional, regional o local, requiere tener una espalda política que le ayude a tener respaldo de la ciudadanía y además una defensa oportuna desde los foros del debate público. Ni a Zamora, ni a Alva los va defender el flamante partido de Vizcarra, ni alguna de las múltiples bancadas de este desprestigiado Congreso. Tal vez, eso sea lo que les conviene (aunque lo dudo, viendo la popularidad de Vizcarra), pero siempre será mejor contar con aliados legítimos y con credibilidad que puedan ayudar a resistir estos embates.

Volviendo al caso que reseñaba al inicio, el otro elemento a considerar es la poca efectividad de nuestros sistemas de control y judicial para sancionar los delitos de corrupción que efectivamente abundan, y que probablemente hayan aumentado con el desmadre que está generando el Congreso y sus normas pro impunidad y pro ilegalidad. Lo que vemos es que ese supuesto temor a la judicialización no parece inhibir las malas conductas de los que entran a robar. Si solo después de diez años tal vez te juzguen, entonces ya tienes un incentivo para aprovechar el cargo en beneficio propio.

En este tiempo he podido conocer funcionarios que además de honestos han sido lo suficientemente creativos para utilizar las normas de contratación, de concesiones y de control existentes, a favor de una gestión con resultados para la gente. Por desgracia, en un país sin una carrera pública consolidada y sin un sistema de planificación fuerte, lo que debería ser la continuidad de lo bueno (sobre la base de una debida evaluación) y la corrección de las deficiencias, termina en manos de la política pura y dura de la confrontación.

Gestores públicos con muñeca política, mientras el aparato de control se afina y se fortalece, es lo que necesitamos, hasta que alguna de las decenas de partidos inscritos se anime a plantear una reforma del servicio civil en serio.