A raíz de las condenables declaraciones del parlamentario Montoya sobre la calidad de los alimentos que consumen los periodistas que cuestionan el mega buffet del Congreso (“seguro comen comida de tercera”, les dijo), se empezó a compartir información sobre la seguridad alimentaria en nuestro país.

Además de los jocosos “Alfalfa Challenge”, muchos le hicieron saber al desubicado congresista que era una auténtica cachetada a la pobreza que se gastara más de 80 soles por parlamentario en almuerzo durante los días de pleno, mientras que buena parte de los peruanos no logra completar sus requerimientos nutricionales diarios.

Hablar de la seguridad alimentaria en el Perú nos lleva inevitablemente a recordar los terribles efectos de la pandemia por COVID 19, que al haber provocado el aumento de la pobreza monetaria también incrementó el hambre. De acuerdo con la FAO, en el 2019, antes de la pandemia, nuestro país ya tenía 8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, es decir que, no consumen alimento durante un día o más . Al 2021 esta cifra se habría duplicado a 16.5 millones de personas, lo que hacía del Perú el primer país en Sudamérica en inseguridad alimentaria.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado a este problema público? En principio, desde julio del 2021 está vigente la Ley Nº 31315, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Su Reglamento, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, fue sometido a opinión de la ciudadanía hasta septiembre del año pasado y aún está pendiente de aprobación. En ambos instrumentos se establecen principios y lineamientos que se orientan a asegurar acceso físico, económico y sociocultural de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Se resalta el importante rol que cumplen las familias de pequeños agricultores que proveen alimentos relativamente baratos a nuestras ciudades, muchos de los cuales, precisamente se vienen movilizando para pedir el cambio del congreso comelón mediante elecciones adelantadas.

Pero el problema de la inseguridad alimentaria no solo involucra el esfuerzo estatal. Durante el periodo más duro de la pandemia vimos resurgir las Ollas Comunes, de la mano de una nueva generación de dirigentas populares, con un perfil de liderazgo diferente al de las tradicionales dirigentas de comedores populares. Y como no podía ser de otra manera, cuando de por medio se juega la necesidad de la gente, se tejieron también estrategias de incidencia política que llevó a generar sinergias y muchas veces relaciones de conflicto, con las municipalidades y con el gobierno central.

A partir de la presión de las organizaciones y a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el 2022 se logró la inversión de recursos en compra de alimentos por parte del Programa de Alimentación Escolar QaliWarma, el cual luego sería entregado a las ollas comunes que se registraron en la plataforma informática creada para dicho fin.

Para que estas y otras disposiciones tengan el efecto deseado, es necesario que nuestras autoridades las conozcan y trabajen de manera articulada, especialmente aquellas que ya vienen trabajando con la sociedad civil y con las organizaciones de base.

En este punto llama la atención que mientras el congresista Montoya pretende burlarse de los que critican el despilfarro culinario del Parlamento, el líder de su partido Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, haya tomado como caballo de batalla político la supuesta asistencia directa de la Municipalidad a las ollas comunes.

Luego de prometer en campaña que destinará 10% de su presupuesto a las ollas comunes, hace pocos días el flamante consejo municipal declaró en emergencia alimentaría la ciudad de Lima, luego de lo cual la única medida concreta de apoyo a las iniciativas ciudadanas alimentarias ha sido la de canalizar la donación de alimentos por parte de comerciantes del mercado mayorista de Santa Anita. Cabe decir que este tipo de ayudas no es ninguna novedad, ya que desde hace buen tiempo la iniciativa Banco de Alimentos, ya venía realizando la labor de recuperar alimentos sin valor comercial pero aun aptos para el consumo humano, incluyendo también al Mercado de Santa Anita. Sin embargo, el alcalde inició su gestión, bloqueando dicha iniciativa, cortando la provisión de insumos a cientos de ollas comunes, las cuales hicieron escuchar su voz de protesta frente a esta situación.

Al parecer el alcalde, al igual que su congresista por Lima, desconoce la real magnitud del trabajo que las organizaciones de base realizan en coordinación, no siempre fácil, con gobiernos locales y gobierno central. Este año, a través de otro decreto de urgencia se están destinando otros 98 millones de soles para un padrón formal de 3567 ollas comunes en todo el país, que espera beneficiar a 235 mil personas. Como municipio provincial, Lima tiene la mayor cantidad de ollas comunes y lo que le corresponde hacer es facilitar que la ayuda llegue de manera ordenada, sin duplicidad ni sub cobertura, a los que más lo necesitan, sobre la base del conocimiento que puedan tener del territorio, de la mano con los gobiernos distritales.

Nuestro país se precia de comer bien y en muchos casos de comer barato. Sin embargo, el circo que políticos quieren armar, involuntariamente con pachotadas como la de Montoya o con medidas grandilocuentes pero vacías como la del alcalde, dejan en la sombra problemas de fondo como la desnutrición infantil, anemia, obesidad y la crisis de costos que afecta a los pequeños agricultores. Con el pan de la gente no se juega, ni se insulta.