Waldo Mendoza fue ministro de economía durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, cuando apenas empezábamos a asomar la cabeza después de la larga cuarentena y recién se iniciaba la vacunación contra la COVID-19. Pedro Francke, al igual que Waldo Mendoza, es economista de la PUCP y también le tocó dirigir el MEF mientras duró el respaldo de Nuevo Perú al gobierno de Castillo. Durante ese breve periodo demostró que se podía hacer una gestión razonable de la macroeconomía en (o a pesar de) un gobierno que ya hacía agua en el resto de sectores.

Al igual que en el periodo que le tocó al buen Waldo (su imagen y modos de profe buena gente, no se los quita nadie), de nuevo nos encontramos en un nuevo gobierno de transición; y como en aquella oportunidad cuando estábamos por entrar a elecciones generales, nos toca discutir sobre el “modelo económico”, en el marco de un posible y controversial cambio de Constitución. La diferencia es que en los tiempos que Waldo era ministro, quien propuso el debate fue Pedro, con un artículo en Hildebrandt en sus Trece, con el retador título de “Es Hora de cambiar la Constitución”. Sin embargo, muy pocos medios masivos le dieron bola, tal como sí se la han dado a Waldo y a su carta abierta a los constituyentes lovers.

Mientras esperamos que los medios le den cabida a una respuesta desde el centro o desde la izquierda a la carta de Mendoza, o que Francke se anime a debatir, podemos poner los argumentos frente a frente, junto con aportes desde otras posturas.

Tal vez sea un sesgo de los economistas (yo no lo soy), pero en ambos casos los ex ministros van directo al grano: los dos hablan de artículos específicos que quieren mantener o cambiar en el texto constituyente. Este es el tipo de debate que un sector de la ciudadanía, sobre todo el resistente a una asamblea constituyente, quisiera escuchar. Desafortunadamente, solo coinciden en abordar un artículo en común. Se trata del artículo 60 que entre otras cosas dice “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial”. Obviamente, Waldo lo quiere dejar tal cual y Pedro lo quiere cambiar.

Para defender su punto Mendoza pone ejemplos de empresas públicas quebradas en países como Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Si bien admite que hay empresas estatales solventes como Petrobras en Brasil o Codelco en Chile, argumenta que éstas son mixtas y se manejan como si fueran privadas, cotizan en bolsa y cuentan con directorios de profesionales de primer nivel.

Por su parte, Francke sostiene que este artículo supone la política de la privatización. Pone ejemplos de signo contrario a los de Mendoza, para lo cual menciona servicios públicos que se han convertido en negocios, en detrimento de una prestación desde el sector público: Universidades bamba (cita el caso de Telesup y Pepe Luna) frente a universidades públicas, AFP frente a ONP, oligopolio bancario frente al Banco de la Nación. Sin querer, responde a Mendoza quien teme volver a la hecatombe aprista de 200 empresas estatales, diciendo que “no se trata de crear empresas públicas por doquier, sin ton ni son”, y agrega que “los directores y cargos gerenciales no deben ser puestos a capricho del gobernante de turno sino por concurso de méritos, con transparencia y rendición de cuentas”.

Podemos pensar que frente a casos tan frescos en la memoria como el de Petroperú y su “Hugo Chavez peruano” se justifica el temor de Mendoza. Sin embargo ni él ni Francke dicen una palabra sobre las otras 34 empresas estatales que actualmente maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de FONAFE. ¿Son acaso tan ineficientes como teme Waldo? ¿Son tan estratégicas como desearía Pedro?. Una mirada a los CV de los miembros y presidentes de directorio de, por ejemplo, la empresa Activos Mineros SAC o del conocido Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú SA), en principio, no parecen generar mayor suspicacia. Más difícil resultaría auscultar sus reportes de gestión, pero tengo la impresión que sostener que todo lo público es en esencia ineficiente y lo privado es siempre la mejor opción, es harto discutible como ya lo demostró la pandemia en sectores como la salud o la fabricación y distribución de insumos médicos.

Es interesante ver que una necesaria revalorización de la gestión pública también es parte de la propuesta que plantea un economista liberal como Piero Ghesi en su libro el Estado Productivo (un oxímoron para los defensores a ultranza de la C93) y en intervenciones públicas donde señala que el actual modelo está agotado y que uno de los actores claves para ajustarlo es el Estado. No habla necesariamente de más o menos empresas públicas, pero deja abierto un debate que, tengo la impresión, Mendoza preferiría cerrar anticipadamente.

Al parecer la subsidiaridad del Estado es un punto álgido a discutir. Sin embargo hay otros, que menciona Francke como el artículo 63 que establece que “la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”, una condición que al parecer ninguna otra Constitución en la región o de países industrializados señala. Por su parte, Mendoza teme que los que promueven un cambio constitucional quieran modificar el artículo 62 que blinda a las inversiones privadas, sean grandes o pequeñas, de posibles arrebatos populistas que desconocen los contratos. Sería interesante que ambos ex ministros de economía, así como otros académicos y gestores públicos de diverso signo se pronuncien, y empecemos a debatir en serio sobre el modelo económico que, más allá de llamarlo neoliberal o primario exportador, es el que nos rige desde los años 90 y que luego de más de 200 mil compatriotas fallecidos en pandemia, parece estar más que agotado.

Finalmente, rescato una idea que desarrolla Waldo Mendoza en la entrevista que le da a César Azabache y que bien puede transformarse en una pregunta para el debate. Señala el ex ministro de Sagasti que la actual constitución ha sido exitosa en garantizar el trabajo del MEF y del BCR. Así se hizo porque el trauma de la hiper inflación y la debacle económica aprista generaron una conciencia profunda y dolorosa respecto a que estos organismos debían estar protegidos de gobiernos irresponsables. ¿Por qué nuestra Constitución no puede generar una salvaguarda igual de poderosa respecto al servicio de salud y educación, que tantas vidas y futuros nos han costado en pandemia? Obviamente, tiene que ser alguna más inteligente que asignar un determinado porcentaje del PBI a estos sectores. Y si hablamos de traumas, luego de la debacle de la gestión pública con Castillo ¿no sería necesario que nuestra constitución proteja y le dé mayores garantías de autonomía al organismo que vela por la idoneidad de los servidores públicos, como SERVIR?