El revuelo causado por el perfil del ministro de trabajo y más aún la defensa cuasi paternal que de él hace el premier Cateriano, no debería dejar de lado temas centrales cuyo debate ha pasado de importante a urgente de cara a los efectos de la pandemia. Y resulta que si algo nos demuestra el escuálido bagaje analítico del nuevo ministro es que un asunto tan relevante como el de la llamada informalidad en el país se sigue abordando a ciegas o bajo una mirada tan sesgada que casi uno podría decir que nuestras élites sólo distinguen entre ambulantes y consumidores. 

En el único artículo de opinión conocido del ministro Ruggiero, publicado en el diario Gestión, simplemente se replica la letanía de siempre de nuestra derecha empresarial: el problema son los costos de los trámites para la formalidad. En ese sentido, podemos concluir que la odiosa tramitología es democrática ya que afectaría tanto a las grandes empresas (que siempre lamentan sobrecostos laborales) como a las microempresas y autoempleados. Al margen de este razonamiento simplón, mucho más preocupante es que diga que le parece razonable que el Estado haya privilegiado a las empresas y trabajadores formales, luego de decir líneas arriba que solo el 30% es formal. Estamos avisados del pensamiento del joven ministro. Felizmente, al margen de lo poco que pueda hacer un ministro jaqueado políticamente, existen estudios y propuestas mucho más elaboradas que podrían servir de sustento a políticas públicas que aborden de manera integral esta problemática.

Un trabajo que bien valdría la pena revisar en post pandemia es el de Danilo Martuccelli quien desarrolla el concepto de sociedad “desformal”, que involucra no solo el comportamiento económico sino una indiferencia a las normas sociales a nivel individual que vulnera reglas colectivas, lo que se traduce en un “achoramiento” que afecta todos los ámbitos de nuestra vida social. Frente a ello, se requiere un nuevo pacto social que incluye una reforma fiscal (¿alguien dijo impuestos a la riqueza o lucha contra la elusión tributaria?), y la dotación de mejores servicios públicos.

Pero sin dejar el ámbito de lo laboral, Fernando Villarán nos remite a una investigación publicada en el 2014 por el INEI donde claramente se establece que el problema clave a resolver es el de la productividad. El empleo informal, en ese entonces, cubría el 79% de la PEA pero su producción solo aporta el 19% del PBI. Lo citamos:

“El sector moderno (de alta productividad) ha sido incapaz de absorber a la gran oferta de mano de obra (producto del crecimiento demográfico) para dotarla con un empleo formal bien remunerado, por lo que amplios sectores de la población se ven obligados a “inventar” su propio puesto de trabajo de baja productividad en el sector informal”

Decíamos también que no podemos seguir actuando a ciegas respecto a la informalidad. Eso incluye tanto al actual gobierno como a las propuestas que vienen desde todas las fuerzas políticas, incluyendo a la izquierda, que actúan siguiendo mitos o consignas ideológicas sin sustento en la realidad.

Rolando Arellano enumera seis percepciones erradas sobre este fenómeno, de los cuales dos me parecen claves desmontar: que los informales son los más pobres de los pobres (pone de ejemplo a los joyeros que venden sin factura y los dentistas que no dan recibo por honorarios); y que los informales no pagan impuestos, cuando si bien no pagan renta están expuestos a otro tipo de “tributos” que gravan su actividad: micro corrupción (coima al sereno para que lo deje trabajar) y sobre todo el costo usurero de los préstamos en el mercado financiero paralelo.

Hugo Ñopo, por su parte, nos habla de tres dogmas sobre el mercado de trabajo que recomienda desterrar. Además de la ya mencionada obsesión con la tramitología (los costos de la formalidad son elevados) y el dogma – o mito – del emprendimiento (la mayoría con autoempleados de baja productividad, como lo indica Villarán), a la izquierda tal vez le convenga reflexionar sobre el tercer dogma: “Lo fundamental es la protección laboral”. Ñopo nos invita a pensar que antes que centrarse en la estabilidad laboral con todas las prestaciones sociales asociadas al empleo, se construya una verdadera red de protección social universal que asegure derechos más allá de nuestra situación laboral.

Una de las lecciones que nos confirma la pandemia en nuestro país, es que la informalidad no es un problema solo laboral o económico, ni mucho menos de trámites para hacer empresa como cree el ministro de trabajo. Los compromisos para las elecciones del 2021, deben incluir una propuesta integral para aumentar la capacidad de los ciudadanos para generar riqueza de manera suficiente y para protegerlos siempre que sea necesario. La nueva normalidad deberá construirse con nuevas ideas y nuevos paradigmas.