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EL COMERCIO

Políticas públicas y empresas con distanciamiento social

Más allá de alguna ilusión revolucionaria de masas indignadas tomando el control de las clínicas, el camino de la expropiación no era corto ni sencillo.

Marco Aurelio Lozano

Publicado: 2020-06-29

En una reunión de apenas cinco horas, el gobierno habría logrado un acuerdo de “buena voluntad” con la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP). Según la crónica de Fernando Vivas, las conversaciones ya venían avanzando lentamente desde hace semanas, sin mayor interés por parte del gobierno, hasta que la gente y los medios de comunicación empezaron a exhibir los abusos y miserias de las clínicas privadas.  

Va quedando claro que la supuesta amenaza velasquista - con V de Vizcarra - solo fue fuego artificial para la platea. Frente a ello hubo una sobre reacción – que algunos podrían calificar de histérica - por parte del gremio gran empresarial, que generó la publicación de una carta abierta al Presidente, manifestando su “sorpresa y profunda preocupación” ante el temido fantasma de la expropiación. Sin embargo, en cuestión de horas, pasaron de acusar de subversivo al documental sobre Hugo Blanco, a celebrar el humo blanco de un acuerdo por 55 mil soles flat para los pacientes COVID, todo ello a cargo de un mismo gobierno.

La disputa entre la ACP y el gobierno es un capítulo más de la tormentosa relación entre grandes empresas, el Estado y la sociedad, que esta pandemia seguirá develando. En lo que respecta a los ciudadanos, hemos pasado de la resignación y la desconfianza frente al empresariado, a una abierta animadversión y condena. Por su parte, el gobierno, con la Constitución en mano, intentó desmarcarse del desprestigio que afecta cada vez más a la inversión privada en nuestro país, desde las AFP y los bancos, pasando por las farmacias, los colegios privados y las clínicas, hasta llegar a las grandes corporaciones que han recibido fondos de Reactiva Perú.

Gestionar la revolución de la salud

Más allá de alguna ilusión revolucionaria de masas indignadas tomando el control de las clínicas, el camino de la expropiación no era corto ni sencillo. Requería una ley del congreso y el pago de una indemnización. Tal como lo comentaba con amigos médicos, es poco probable que nuestro Estado tenga la capacidad para manejar los servicios privados de salud, cuando a duras penas puede con el fragmentado sistema público de salud, donde hay mucho por hacer. Falta echar luces sobre varios aspectos que, por ser aparentemente temas de médicos y no de gestión pública, la ciudadanía no conoce y mucho menos vigila. Por ejemplo: poco sabemos sobre cómo se designa al director de un hospital y si este proceso es todo lo meritocrático que debería ser. Lo que sí se sabe es que hay mucho de cubileteo político y disputa entre gremios. Y al igual que en otras áreas del sector público, se requiere reordenar la planilla y la contratación del personal médico, procurando cubrir especialidades, ya no bajo una lógica de mercado sino de necesidad pública, como son los casos de neonatología, neurocirugía o de anestesiólogos en amplias zonas del país.

Al momento de escribir estas líneas el gobierno aun no puede exhibir algún contrato firmado con alguna de las clínicas afiliadas a la ACP, gremio que al inicio se mostró disperso y errático. Es que, a diferencia del poderoso sector financiero representado por ASBANC, la oferta en salud - como en educación - está llena de pequeños y medianos emprendimientos de acuerdo al tamaño de los bolsillos. Servicios de salud mediante cooperativas y conglomerados de pequeños consultorios configuran un sistema heterogéneo en donde la iniciativa privada debe ser regulada pero también vista como potencial aliada, especialmente en momentos de emergencia nacional. Para ello, el gobierno debe tener claros sus objetivos de política pública y comunicarlos adecuadamente a la ciudadanía que, hoy más que nunca, demanda una relación transparente y firme con el empresariado.

Las ominosas cadenas de Reactiva Perú

Reactiva Perú es un ejemplo de cómo un diseño de política pública con un objetivo poco claro tanto para los decisores como para la ciudadanía, pueden terminar generando menor beneficio en los que más lo necesitan. Cuando el Presidente anunció su lanzamiento, Reactiva Perú parecía estar orientada a empresas de menos de 10 trabajadores. De las 350 mil empresas que recibirían créditos baratos, 314 mil serían microempresas, según informó la nota de prensa de la propia Presidencia de la República. Esto enganchaba muy bien con el sentido común ciudadano según el cual la ayuda del Estado debe ir primordialmente para los más pobres, los más vulnerables, o los más pequeños sean estos personas, familias o empresas.

Días después, la propia Ministra de Economía tuvo que admitir que el impacto del programa no había sido el deseado, por lo cual realizó ajustes que, finalmente, no alteraron el objetivo que Reactiva Perú tuvo desde un principio. La descripción del portal del MEF y su norma de creación, hablan claramente de asegurar la continuidad en la cadena de pago. Dicho en frio: No importa si era a través de grandes empresas y corporaciones, y si estas aplicaban a o no la suspensión perfecta de labores, lo importante era no romper la cadena de pagos. ¿Y las pequeñas y microempresas que emplean la mayor parte de la población económicamente activas? A hacer cola con bastante distanciamiento social.

El Vicepresidente de la Asociación de Pymes, Daniel Hermoza, señala que en el Perú hay 2,4 millones de Mypes. El Presidente Vizcarra prometió beneficiar a 314 mil micro empresas. Reactiva Perú, a través de los cuatro grandes bancos peruanos, prestó a tan solo 34 945 microempresas. Los números que arroja la política pública no cuadran o, en el peor de los casos, cuadran con un objetivo que no era el que demandaba la gente en esta crisis.

Además de los cuestionamientos sobre qué tipo de empresas han sido beneficiadas por Reactiva Perú, todo ello bien detallado por el portal Ojo Público, nuestra preocupación debe estar con quienes se siguen quedando fuera: microempresarios, personas particulares con empresa, empresarios agrícolas y de la cultura, y los denominados informales. Del mismo modo, lamentarse por los miles de soles que le costará al Estado el acuerdo con las clínicas deja de ser primordial frente a la urgencia de que efectivamente se salven vidas al costo que sea necesario.

Sin embargo, algo debe quedar claro para los actores políticos del 2021: la ciudadanía más temprano que tarde, exigirá una rendición de cuentas a los empresarios que no estuvieron a la altura de su responsabilidad con el país, en estas horas difíciles. Es momento de escucharla.


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