En Estados Unidos, las protestas por el asesinato de George Floyd no amainan, y ya se han extendido a ciudades de Europa, así como a México y a Australia. Y como toda protesta ciudadana, ésta no ha estado exenta de simbolismo creativo como arrodillarse en plena manifestación, o incluso traerse abajo las estatuas de colonizadores y esclavistas blancos. Lo simbólico es el campo donde la ciudadanía puede dar sus mejores batallas, mas aun en un mundo globalizado donde las redes sociales pueden ser una excelente caja de resonancia.  

Debemos reconocer que, siendo nuestro país profundamente racista (y digo profundo, porque no suele ser visible), no hemos visto que esto haya generado manifestaciones masivas y con símbolos visibles. Tal vez la última haya sido el Operativo Empleada Audaz, en el año 2007, donde cientos de mujeres ataviadas con mandiles azules de trabajadoras del hogar, tomaron una playa de Asia para decir “Basta de Racismo” (Ver video aquí).

Algún desprevenido podría decir “Si no hay manifestaciones de ese tipo es porque aquí no hay racismo como en Estados Unidos o Europa”. Lamento decirte, inocente ciudadano o ciudadana peruana, que eso no es así.

Veamos algo tan elemental como conseguir un empleo. La Universidad del Pacífico - UP (a quien nadie acusará de sesgo “anti blanco” o de “nido de resentidos sociales”) ha publicado rigurosos estudios al respecto y sus conclusiones son, por decir lo menos, preocupantes. Se demostró que en Lima, un joven blanco tiene 50% más de probabilidades de ser contratado frente a otro con rasgos físicos o étnicos distintos. Esta probabilidad se acrecienta a medida que el nivel jerárquico del puesto aumenta. ¿Gerente de Banco? ¿CEO de una empresa importante? Ni Quispe, ni Yaipén, ni Mozombite tendrían oportunidad aun cuando tengan las competencias suficientes. El texto completo de la UP lo encuentras aquí. Para una versión más breve (e indignada) aquí.

De acuerdo. Esto es en el sector privado, aun cuando la discriminación laboral es castigada por nuestro código penal. ¿Y en el Estado, quien debería ser el primer garante de derechos y el primero en cumplir la ley? Al parecer el asunto no es muy distinto, particularmente para las poblaciones indígenas. La UP concluye:

“A lo largo de la investigación, se ha encontrado que los hogares con características indígenas, ya sea de autopercepción étnica o lengua materna, se encuentran en desventaja en cuanto a su acceso a servicios públicos y la tasa de conclusión exitosa de trámites […] Esta evidencia sugiere que, dentro de las instituciones públicas, las familias indígenas sí se encuentran discriminadas. […] Una hipótesis es que los funcionarios que trabajan en las instituciones públicas tratan de manera discriminatoria a los usuarios. Este mal trato o pobre atención puede llevar a los usuarios a no sentirse cómodos con el servicio y abandonar el trámite antes de concluirlo”

Esto es muy grave y lo hemos visto evidenciado durante la actual pandemia: Familias en condición de vulnerabilidad que frente a situaciones de emergencia solo cuentan con el Estado para recibir servicios de salud o asistencia social, reciben un trato discriminatorio en zonas rurales andinas o amazónicas.

Pero no nos vayamos tan lejos. La discriminación y su forma más corrosiva, el racismo, están interiorizados en todos los peruanos, y lo sabemos desde que interactuamos con nuestros compañeros en la escuela, cuando consumimos publicidad donde casi no vemos rostros cobrizos, o cuando estamos en algún espacio público y “tazamos” a la gente. Según la I Encuesta Nacional sobre diversidad cultural y discriminación Étnico-Racial, aplicada por Ipsos en el 2017, reportó que más de la mitad de los peruanos se ha sentido discriminado o muy discriminado, siendo las causas más frecuentes el nivel de ingresos, forma de hablar, vestimenta, rasgos físicos y color de piel.

Aun así, seguramente hay un amplio sector de la ciudadanía que prefiere no ver que en nuestro país la discriminación también mata y que, al igual que en Estados Unidos, también puede llevar uniforme policial. Ya casi no sorprende a nadie que campesinos que protestan o simples transeúntes en zonas en conflicto social sean abatidos por bombas lacrimógenas o balas de la policía. Solo mencionaremos algunos nombres que el activista Wilfredo Ardito recogió hasta el año 2008 en sus Reflexiones Peruanas:

• El niño John Acosta, muerto el 2008 en Pucallpa por el impacto de una bomba lacrimógena.

• Imel Huayta, de ocho años, también muerto el 2008 cuando viajaba con sus padres en un camión hacia Ilave (Puno) en un operativo policial. Su hermanito de cuatro años quedó gravemente herido.

• Los campesinos Marvin Gonzales, Julián Altamirano e Isidro Llanos, muertos por represión policial en el 2008, 2007 y 2006, respectivamente.

• Emiliano García y Rubén Pariona, muertos el 2008 con disparos de bala en la cabeza durante una intervención policial en Ayacucho…y siguen nombres

Un caso más reciente fue el de Fidel Flores Vásquez en el 2014, quien resultó muerto por lesiones graves efectuadas por la policía no en una protesta, sino durante ¡un desalojo en la ciudad de Cajamarca!

Si bien en nuestro país ya no es aceptado socialmente ser abiertamente racista, como seguramente no lo es en casi ninguna parte del mundo, aun tenemos una cultura y un sistema socio económico impregnado de racismo. Y como ven son muchos los nombres que ayer y seguramente mañana bien podrían estar en murales y banderolas, como lo está hoy el de George Floyd. Nos toca construir nuestros propios símbolos contra el racismo y la discriminación.