A nivel mundial y en particular en Latinoamérica nos encontramos en un fenómeno de envejecimiento demográfico en marcha y, con él, un cambio en la estructura de edades en todos los países que conforman la región. Este fenómeno demográfico tiene sus variaciones subregionales y entre países -incluso dentro de cada país-, pero está -sin lugar a dudas- bien establecido.  

Cabe mencionar que, el envejecimiento es un proceso que inicia desde que nacemos y es intrínseco, heterogéneo, progresivo, universal e irreversible. Todos y todas en este preciso momento estamos envejeciendo, y lo hacemos como vivimos a lo largo de nuestra vida, construyendo nuestra trayectoria biográfica, con cambios, significados, experiencias cotidianas y puntos de inflexión determinantes en ella. La vejez se vive entonces de acuerdo a características diversas en clave de género, etnia, diversidad funcional, soporte socioeconómico, capital cultural, entre otros aspectos. Por eso, evidentemente, no podemos concebir la idea de una sola vejez, sino de múltiples vejeces. Pensar las vejeces tiene mucho sentido simbólico y, de hecho, también político. La longevidad se ha incrementado y, si no morimos antes, llegaremos a viejos, viejas y, es probable que todos y todas queramos vivir una vejez digna.

Consideramos científicamente correcto hablar de “viejo o vieja” a razón de que parte, precisamente del concepto “vejez”. Por otro lado, en el Perú la Ley N°30490 Ley de la Persona Adulta Mayor denomina “persona adulta mayor” a aquella que tiene 60 o más años de edad, criterio adoptado por las Naciones Unidas.

De acuerdo a la CEPAL, el Perú, junto a 12 países de la región, se encuentra en una situación moderada del envejecimiento poblacional, en el cual a su vez se desarrolla el fenómeno de feminización de la vejez, que significa que la esperanza de vida es mayor en las mujeres. Actualmente, según INEI el 12.4% de la población total en el Perú está conformada por personas adultas mayores, con mayor proporción de mujeres. El 41.5% de los hogares a nivel nacional tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años de edad. Y, del total de ellos, el 28.2% tiene como jefe/a de hogar a una persona adulta mayor, siendo más en el caso de las mujeres.

Es muy relevante mencionar que, en nuestra sociedad persisten grandes brechas de desigualdad que afectan significativamente la vida de los viejos y las viejas. El 30.6% vive en situación de pobreza o pobreza extrema. Asimismo, la tasa de comorbilidad es sumamente alta, presentando el 82.7% de mujeres mayores algún problema de salud crónico, y en el caso de hombres, el 73.6%. Del mismo modo, existen brechas de acceso a la educación, a servicios de salud, así como a pensiones de jubilación, siendo estas mucho más grandes en mujeres. En ese sentido, se puede afirmar, como señala Dabove, que existen situaciones de múltiple discriminación en la vejez, las cuales se agudizan en las mujeres y personas LGTBIQ a razón de estereotipos y prejuicios propios del machismo y del viejismo (o edadismo) arraigados en nuestra sociedad. 

Y, ¿Qué es el viejismo?, pues es la discriminación por edad en la vejez; cuando tener muchos años es considerado negativo y/o significa encontrase limitado/a socialmente en distintas dimensiones de la vida. Como por ejemplo, cuando las personas adultas mayores, en lugar de tener protección social como derecho de todo ciudadano y ciudadana y con un trato diferenciado de acuerdo a determinadas características; tienen una situación de sobreprotección que obstaculiza e incluso anula su autonomía (ser/decidir por sí mismo) e independencia (hacer por sí mismo).  

Actualmente, nos encontramos en la pandemia del COVID-19 generando así una situación de crisis sociosanitaria que, a nivel mundial y, en particular, en nuestro país está causando la muerte de muchas personas de 60 y más años de edad. Exactamente, al 21 de mayo han fallecido 2157 personas adultas mayores, siendo en su mayoría hombres. Sin embargo, la evidencia señala que no es la edad por sí misma el factor de riesgo que determina el ser más o menos vulnerable para este virus. Lo determinante es la condición o condicionantes de problemas de salud crónicos desarrollados en el curso de vida de la persona, que al ser ella adulta o adulta mayor; es decir, habiendo vivido varios o muchos años con estas enfermedades, genera una condición de salud más frágil y de compleja recuperación. Por eso, así como mueren muchas personas adultas mayores, también están muriendo jóvenes y personas adultas, incluso niños/as. La edad por sí sola no refleja la condición físico funcional y capacidad de respuesta de un organismo frente al COVID-19. Vivir con condición de comorbilidad por muchos años es lo que, en este caso, haría más susceptibles a las personas que son más longevas. Del mismo modo, vivir en una situación de desigualdad social, con precario o nulo acceso a servicios públicos.

En ese sentido, no podemos catalogar a todos y todas quienes son de este grupo etario como vulnerables -como venimos escuchando por parte de diversos actores sociales como los medios de comunicación-, asumiendo que la vulnerabilidad como amenaza y riesgo es una serie de situaciones extraordinarias (pandemias, desastres naturales, etc.), con posibilidad de afectar a una persona o población. Las personas adultas mayores no son vulnerables per sé, sino vulneradas y muchas veces a causa del viejismo. En el Perú son muchas más las personas adultas mayores que viven un envejecimiento saludable y activo y que, en este contexto, pueden ser agentes de su autocuidado y partícipes en el cuidado colectivo en su familia, así como exigir sus derechos de protección social y sanitaria por parte del Estado. En suma, pueden decidir.

Cuando aparecen narrativas sociales y discursos públicos que hacen el llamado a las familias a “proteger a sus personas adultas mayores, cuidar a los abuelitos, asegurarse que no salgan de casa” como parte de las medidas de protección social, se está cruzando sutilmente (aunque no tan sutilmente) la frontera de la protección como derecho de las personas adultas mayores y el sobreproteccionismo que anula su agencia. Este cuestionamiento es sumamente relevante en clave de los Derechos Humanos y, visibilizarlo en este contexto de pandemia sumará significativamente a la deconstrucción de imaginarios sociales en relación a la vejez y de paradigmas para su abordaje y para la construcción de políticas. 

Las medidas de protección social deben ser integrales, sumando para ello desde las disciplinas de las ciencias sociales, en particular desde el Trabajo Social, a los procesos de deconstrucción y reconstrucción de lazos sociales.

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