En un artículo anterior comenté como paulatinamente el Estado había abandonado la educación como servicio público, mientras que las familias peruanas se abrazaban a ella con la esperanza de alcanzar una vida mejor. También señalé que, frente a la creciente precariedad de la escuela pública, fue el sector privado quien asumió buena parte de esta promesa de desarrollo y ascenso social, particularmente en las clases medias emergentes. Sin embargo, un elemento central para entender mejor esta historia de colegios públicos y privados es el lucro bajo una lógica de libre mercado. 

Desde hace mucho tiempo órdenes religiosas brindan educación básica regular y superior, a las que luego se sumaron emprendimientos de educación laica más alternativa, todos bajo la figura de la educación sin fines de lucro. Pero en el año 1996, con un Fujimori reelegido y en la cima de su popularidad, se emitió el Decreto Legislativo 882 que, en resumidas cuentas, permitió que la educación pueda convertirse en un negocio, como se hizo entonces con el transporte público (bienvenidas las combis) y las telecomunicaciones (bienvenida Telefónica).

Desde entonces, la educación se convirtió en un muy buen negocio para muchos que decidieron invertir en ella, generando grandes fortunas que luego han extendido su poder y capacidad de lobby hasta el ámbito de la política. Acuña, Luna y otros dueños de universidades con partido propio dan muestra de ello. Incluso la reciente controversia sobre los “grupos de poder” y la discriminación como tema educativo, nos revela la forma en que personajes como Raúl Diez Canseco, empresario de la educación y el pollo frito, hacen pesar su influencia a favor de su propia visión del país, incluso desde su relación con el Ministerio de Educación.

Para muchas familias, la pandemia ha develado los límites de la educación privada en la que creyeron. Cientos se han visto obligadas a tomar medidas que, en circunstancias normales, habrían visto como subversivas. No debe ser fácil para padres y madres clasemedieras, sobre todo de Lima, acostumbrados a ver con desconfianza las marchas que promueven los “grupos radicales”, pararse con carteles a protestar frente al colegio de sus hijos. Es una muestra más de lo que significa la educación para los peruanos. 

Pero esta crisis también nos muestra que por decisión propia un gran sector de familias (25 % de toda la masa estudiantil) optó legítimamente por apostar a las reglas del libre mercado y la libre contratación para educar a sus hijos. Y bajo dichas reglas, si bien la solidaridad empresarial puede existir, ello no alcanza para obtener una rebaja de 50% en las pensiones, como lo vienen reclamando. Tampoco alcanza para una negociación colectiva entre corporaciones y padres de familia que, desafortunadamente, no logran definirse ni como ciudadanos plenos, ni como clientes empoderados. Es parte de los dilemas en los que esta pandemia nos ha colocado.

Frente a eso un grupo de familias estarían volviendo su mirada hacia la educación pública. El ministro de educación habla de 54 mil solicitudes de traslado de colegios privados a públicos. Sin embargo, también los hay de colegios privados caros a privados baratos, tal vez más precarios. La representante de la corporación Innova School estima un 10% de sus alumnos que estarían dejando el colegio. Pero más allá del impacto que esta crisis tenga en el mercado educativo, que seguro terminará por acomodarse, surge la posibilidad de una verdadera apuesta progresista.

¿Queremos promover una revolución ciudadana desde la educación? Invito a impulsar la derogatoria del Decreto Legislativo 882, como lo acaba de proponer el Foro Educativo, espacio de la sociedad civil que también nos invita a restaurar el vínculo de confianza entre el Estado y las familias, de tal manera que éstas vuelvan a valorar la educación pública. De este modo la educación dejaría de ser un objeto de lucro empresarial, sin que por ello dejen de haber emprendimientos privados desde lo comunitario y lo local, todos ellos debidamente acompañados (no solo supervisadas) por las UGEL y las Direcciones Regionales de Educación.

Habiendo trabajado por buen tiempo en el sector educación, siempre me pregunté porque los que teníamos hijos en la educación privada sin fines de lucro estábamos “condenados” a no acceder a programas como Orquestando o la estrategia de participación estudiantil Somos Pares; o que nuestros docentes no pudieran compartir experiencias y capacidades con los del resto del país. Comunidades educativas públicas y privadas tendrían mucho que ganar y aprender si de por medio no estuviera el lucro como un factor disociador.

Como ya se ha dicho antes, para muchos es normal que el colegio donde estudias (y también la universidad) determine tu lugar en la sociedad. En la "nueva normalidad" después de la pandemia, eso debería empezar a cambiar, a favor de la igualdad de oportunidades y de la educación como un derecho realmente garantizado por el Estado, y con la participación consciente e informada de la gente.