Desde que en los años 40 la educación básica se hizo obligatoria y gratuita por parte del Estado (a comienzos de siglo estaba a cargo de los municipios), la expansión del servicio educativo no paró de crecer hasta casi entrado el siglo XXI. Ello no solo fue producto del crecimiento demográfico. Según GRADE desde 1906 la población creció casi nueve veces, mientras que los estudiantes lo hicieron 60 veces. Este fenómeno revela una apuesta enorme, de parte de las familias peruanas a favor de la educación de sus hijos, particularmente de las más pobres y las más rurales.  

La educación, valga decirlo, no solo fue parte de aquella promesa republicana que fundó nuestro país, sino que con los años pasó a alimentar el “mito del progreso”, que Carlos Iván Degregori rastreó en los primeros migrantes andinos a la gran ciudad, o la utopía del desarrollo de los primeros cholos emergentes.

Desde las faenas comunales para levantar la escuelita rural hasta las remezas del extranjero para pagar la universidad privada, comunidades y familias extensas no han dejado de invertir y movilizar recursos colectivos e individuales por la educación. Y a medida que nuestra sociedad se modernizaba a trompicones, sobre todo a partir de los años noventa el Estado prácticamente renunció a cumplir con su rol, por lo menos con un sector creciente de la ciudadanía. Y porque además, esos hijos y nietos de migrantes, ya no necesitaban educación para subsistir o ganar un trabajo temporal en la ciudad, sino que aspiraban también a mejores empleos y al ascenso social.

La educación privada surge como alternativa a sucesivos gobiernos que no invierten lo suficiente o lo hacen mal. Tanto en educación como en salud, el servicio estatal se ha convertido en sinónimo de ayuda social para los más pobres, y desde las propias clases emergente surgen emprendimientos educativos privados de gran éxito (Acuña, Luna). Como resultado de ello, la educación básica dejó de ser un espacio de integración de la Nación desde la infancia, y empezó a reproducir las diferencias estructurales de nuestra sociedad, con colegios para ricos y clases medias (privados) y colegios para pobres (públicos). Un mundo regulado en última instancia por INDECOPI y otro mayormente por las siempre desbordadas UGEL.

Si bien hoy el 25% de la matrícula nacional es privada, y 48% lo es en Lima Metropolitana, cada vez es más claro que ello no es sinónimo de calidad educativa. Por un lado, el Estado ha ido aumentando su inversión en educación, no solo en infraestructura sino también en aprendizajes. De otro lado, un mercado ínfimamente regulado como el de los colegios privados ha generado “pequeños negocios”, de muy bajo costo y muy baja calidad. Es sobre esta realidad, que aterriza el coronavirus, casi al inicio del año escolar.

La pandemia se ha vuelto en el elemento igualador de nuestra educación básica. O podría serlo si el Estado se lo propone. La necesidad de implementar sistemas de educación a distancia será la nueva normalidad de colegios públicos y privados, probablemente hasta fin de año. Cada colegio, y en algunos casos cada docente, se viene defendiendo como puede, algunos de manera intuitiva y experimental, y otros dotados de mejores plataformas informáticas en sus colegios y por parte también de sus alumnos.

En este escenario, la estrategia Aprendo en Casa puede ser la vitrina de los esfuerzos estatales para llegar a todos los estudiantes por igual, para luego también convertirse en parte del modelo a seguir. Es urgente, como lo han venido reclamando algunas organizaciones de consumidores, que el Ministerio de Educación establezca los parámetros técnicos mínimos para una educación a distancia que genere aprendizajes. Y como dice León Trahtemberg, no porque ésta sea mejor o peor que la educación presencial, sino porque es la única alternativa que tenemos frente a la emergencia sanitaria. Y porque además, es la gran oportunidad para que esta experiencia escolar construya los valores que requiere una Nación: solidaridad, búsqueda del bien común y justicia social.

Hoy por hoy, el debate en la opinión pública se ha centrado en el monto de las pensiones bajo un enfoque de contraprestación económica. Algunas organizaciones de padres vienen demandando una reducción de hasta 50% e incluso el no cobro de marzo. Pero aun más relevante es que las familias que antes veían con desdén la educación pública han vuelto su mirada al Estado tantas veces vilipendiado, para pedirle que fije precios (como en los ochentas) o que acojan a sus hijos en sus colegios.

Vivimos un momento histórico en el que el Ministerio de Educación podría potenciar su rol rector a favor de una igualdad mínima entre colegios públicos y privados. Y eso supone mayor control para hacer que las cosas pasen. Alberto Vergara en su última y muy comentada columna señala que no somos una población o territorio por controlar. De acuerdo. Pero sí somos un Estado por liderar, más aun en Educación, y parte de eso supone controlar, pero no por el lado de los precios. El sector debería alejarse de la regulación de precios, y no equiparar toda la educación con servicios regulados como los de luz o telecomunicaciones o universidades, sino más bien plantarse firme en lo pedagógico. Ahí si, como dice Vergara, hacer que en nuestras aulas, que ahora son virtuales, actuemos todos juntos frente a esta crisis: Estado y Nación, el gobierno y la gente.