Antes siquiera de participar en una organización de izquierda, siempre tuve algo en claro: el gran sector financiero en nuestro país es uno de los más abusivos con la gente de a pie (pequeños ahorristas, empleados formales, entre otros) y con los pequeños empresarios. No solo recordaba a mi padre, pequeño industrial emergente, sufriendo cada año por acceder a crédito formal, sino que una serie de reportajes en IDL Reporteros (Ver aquí) me hizo ver aquello que cualquiera que haya pedido un préstamo en el Perú, puede percibir. La palabra clave es spread.  

Spread es el anglicismo técnico que significa la diferencia entre lo que te paga el banco por depositar tu plata (tasa de depósito) y lo que te cobra por prestarte (tasa de crédito). Pues bien, al momento que salió la publicación (2013) el Perú ocupaba el décimo lugar en el mundo de los países con mayor spread, sin que para ello exista alguna razón basada en la tan mentada productividad.

¿Cuál es la explicación, entonces? El sistema peruano “es un oligopolio concentrado” donde se combina la voracidad de los banqueros y la ausencia absoluta de regulación estatal, a decir del economista Oscar Ugarteche (Ver también en IDL Reporteros, aquí). Ello, además, hace que las pequeñas y medianas empresas reciban crédito a una tasa que casi puede duplicar la de las empresas grandes.

A esta situación hay que sumarle el descontento frente a las AFPs, todas ellas integrantes de los mismos grupos empresariales que los bancos oligopólicos. El cuestionamiento al actual sistema de AFPs, percibidas como las que siempre ganan aunque sus clientes pierdan, es compartida por analistas de izquierda y de derecha (Ver aquí y aquí).

Dicho esto, surge la pregunta respecto a si dada la actual situación de emergencia, el sector financiero pretende “mojarse” con algo de sus utilidades para sobrellevar la crisis económica que se viene, y si además el gobierno mostrará frente a ellos la misma firmeza que en la cuarentena y el toque de queda. ¿Y qué dicen las fuerzas políticas al respecto? Buena oportunidad para analizar posturas y planteamientos en lo económico, y no quedarnos solo en la consigna fácil y la arenga del momento.

La izquierda con presencia en el parlamento y fuera de él ha mostrado una moderación que puede llamar a la sorpresa. Si bien se reclama a los bancos no lucrar con la crisis, el planteamiento concreto es el congelamiento de intereses para préstamos a personas y pequeñas empresas, los que como hemos visto se hacen desde un esquema oligopólico y abusivo. También se ha pedido al gobierno evaluar la intangibilidad de los fondos de pensiones y al mismo tiempo resguardar el patrimonio de los ciudadanos (Ver punto 5 aquí). Otras fuerzas de izquierda han decidido centrar su atención en la condenable ley del gatillo fácil.

Por otro lado, algunas voces proclaman la suspensión de pagos de servicios públicos, ya sea postergándolos (clamor que el gobierno afirma estar negociando) o tal vez para “castigar” utilidades que se perciben como injustas o excesivas por parte de empresas como Telefónica o las empresas eléctricas.

En el parlamento se ha conformado una mayoría a favor de la ley que permite a todos los afiliados de AFPs disponer del 25% de su fondo. A todas luces esta es una propuesta efectista, con el propósito de congraciarse con los que aportamos y cuestionamos al actual esquema de AFPs. Al igual que el no pago de servicios públicos (sea que el usuario tenga o no para pagar), aquella termina siendo una medida ciega que no distingue la situación entre los que cuentan con trabajo formal más o menos estable (y que probablemente no requiere ese dinero ahora), y los trabajadores que hace ya varios meses o años no aportan y tienen un fondo prácticamente muerto en las bóvedas de alguna AFP.

En ese sentido, suena razonable la propuesta del gobierno que, en este contexto de emergencia, sean los trabajadores que presumíblemente tienen un empleo menos estable, más independiente o incluso más informal los que sí puedan disponer de parte de lo que ya tenían en su fondo. O incluso, poder recuperar todo su dinero.

Sin duda, es necesario cambiar las reglas de juego para que todos tengamos acceso a una jubilación digna, pero no existe a la fecha una propuesta concreta de las fuerzas políticas, dentro y fuera del parlamento, para hacerlo.

No deja de llamar la atención que tanto Pedro Francke como Juan Carlos Tafur plantean salidas dentro de la misma lógica del libre mercado. Necesitamos, o más AFP, como dice Francke, o más libertad de elección del consumidor, según Tafur. Con esto habría más competencia y bajaría el monto de las comisiones. Pero al parecer también necesitamos más regulación del Estado, como lo plantea Ugarteche para los bancos. Esta agenda, desde la acción del Estado, y no solo desde los mecanismos de mercado, es la que también nos toca reflexionar, más allá de la emergencia.