En Fuerza Social, el partido con el que llegó Susana Villarán a la Municipalidad de Lima, la probable prisión preventiva de la ex alcaldesa no es algo que se discuta abiertamente. Ni en los últimos encuentros de militantes de FS, ni en los espacios más amplios de la izquierda peruana, como el Encuentro Voces del Cambio en Huancayo, o el de Juntos por el Perú en Chiclayo, se ha tratado sobre la “situación de Susana”.

Mas bien, se suele hablar de ella en grupos más pequeños de militantes y simpatizantes de izquierda, sin discursos en plenaria, ni arengas altisonantes de por medio. Es como hablar de aquel pariente o amigo que cayó en desgracia, y por quien ya no es posible hacer nada, salvo enviarle mensajes de aliento y solidaridad a la distancia. ¿Será lo mismo que sentían los jóvenes militantes apristas cuando a cada evidencia que llegaba desde Brasil, le seguía el desmentido inverosímil e iracundo de su líder Alan García?

Justamente, entre apristas y fujimoristas se ha puesto en boga utilizar el caso Susana para atacar el trabajo de los fiscales anti corrupción. "¿Por qué a nosotros nos toca prisión preventiva, y no a ella?", reclaman como último recurso frente a los testimonios que los incriminan. Ante ello sería irracional e irresponsable no admitir que Lava Jato ha barrido con toda la clase política tradicional, de izquierda a derecha sin excepción. La diferencia estaría en seguir insistiendo en las teorías del odio y de la “justicia fascista”, o más bien aceptar la realidad y actuar de manera consecuente, aunque nos duela.

En ese sentido, lo mejor que podría pasar es que el fiscal Juárez Atoche plantee de una vez por todas la acusación contra Susana Villarán, José Miguel Castro y Gabriel Prado, de tal forma que los implicados puedan defenderse públicamente de las acusaciones. Se acabaría entonces el proceso mediático e iniciaría el juicio de verdad, con argumentos y pruebas de un lado y del otro.

Si bien gran parte de la ciudadanía ya se ha formado una opinión al respecto y difícilmente la cambie (como en el caso de Alan, Humala o Toledo), poder delimitar las responsabilidades penales en el entorno de la ex alcaldesa, ayudaría a sus ex compañeros de partido a procesar mejor sus errores en el campo político (que ha sido varios y profundos) y a prevenir futuras decisiones que acaben en hechos delictivos. Una de ellas ya ha sido adelantada por Sergio Tejada: “el deseo de hacer las cosas a cualquier precio” debe ser desterrado, aun cuando fueran buenas para Lima, ciudad amenazada por la mafia de los revocadores.

Susana Villarán, a diferencia de otros políticos que han sido autoridades electas, ha venido enfrentando los requerimientos de la justicia. Pero pronto deberá enfrentar su destino y probablemente las consecuencias de sus actos. Con ello la izquierda también deberá dar muestras de madurez cívica y política, sin caer en la autoflagelación que esperan los adversarios de siempre y columnistas como Mario Ghibellini, que  quisieran que figuras prometedoras de izquierda se jubilen anticipadamente de la política. Tampoco cabría sumar a Susana a una supuesta galería de repudiados, como anticipa Mirko Lauer, pero sí tomar posición y pronunciarse.

Es hora entonces de exigir un juicio rápido y justo, de demandar la reforma política que acabe con los financiamientos millonarios de campañas, y de rescatar y actualizar las propuestas progresistas y de avanzada que en su momento inspiraron un gobierno municipal.