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LEY PULPÍN: A MARCHAR POR UNA POLITICA PUBLICA

Columna: DESDE EL LLANO

Publicado: 2015-01-24

Por: Marco Aurelio Lozano Fernandez

Visto el panorama político que nos da la Ley Pulpín, con sus cuatro masivas y furiosas marchas y sus peleados debates en medios y redes sociales, sentí un extraño déjà vù. Estaba seguro que esta discusión ya la había escuchado antes. Y lo confirmé con la nota que publicada por El Comercio donde señala que durante el gobierno de Toledo, hace 10 años, se abortó una Ley Pulpín pero no sólo para jóvenes sino para todos los trabajadores en general. El argumento, dice la nota, era que los trabajadores no accedían a los derechos laborales del régimen laboral general, y que, en ese caso, era mejor que accedan a una parte de ellos.

Quien se opuso tenazmente a esta medida fue el Ministro de Trabajo de ese entonces, Javier Neves, a quien tuve la oportunidad de conocer ya que entre los años 2004 y 2005 formé parte del equipo que condujo el Programa de Capacitación Laboral Juvenil – PROJOVEN, hoy Programa Jóvenes a la Obra.

Recogiendo parte de mi experiencia en PROJOVEN y otros programas de capacitación laboral en un artículo acerca de la “primera chamba”, planteé lo siguiente:

“La pregunta es: ¿Qué tanto afecta a nuestra trayectoria laboral y profesional, los primeros empleos a los que accedemos? Si bien estamos de acuerdo con que todo ciudadano acceda a un empleo decente desde el saque, me inclinaría a pensar que el principal valor de una primera chamba es la oportunidad de culminar un primer periodo de aprendizaje “teórico” y lanzarnos con todo a la piscina del mundo productivo. Asimismo, habría que evaluar si las modalidades formativas laborales, cuyo último marco legal fue aprobado en el 2005, están cumpliendo el objetivo de interconectar la oferta formativa con la demanda en el mercado de trabajo”.

En aquel PROJOVEN también tuvimos un debate similar al que ahora vemos entre posiciones liberales o “realistas” y otras más garantistas o “principistas”. Para las prácticas laborales de los jóvenes con capacitación técnica nos amparábamos en la figura del Convenio de Formación Laboral Juvenil (CFLJ) del Decreto Legislativo 728, donde se establecían los derechos del joven trabajador que por primera vez podría utilizar una máquina remalladora o un horno de panadería.

Sin embargo, por la evidencia recogida en campo sabíamos que las pequeñas y medianas empresas no estaban dispuestas a cumplir con todas las condiciones de un CFLJ, sobre todo con la remuneración mínima vital. Por el contrario, muchos de los empresarios consideraban que le hacían un favor a los jóvenes inexpertos al admitirlos en sus talleres y fábricas. Incluso llegamos a detectar y sancionar a las entidades de capacitación que convencían a los jóvenes a aceptar sólo una propina o sus pasajes con tal de recibir su ansiado certificado y la oportunidad de entrar a la cancha laboral. De hecho varios de ellos podían terminar siendo contratados bajo el régimen general por las empresa donde empezaban “pagando derecho de piso”.

Sabíamos que la ley exigía el cumplimiento de derechos laborales pero al mismo tiempo nos generaba gran desazón saber que buena cantidad de jóvenes de escasos recursos se quedarían sin hacer sus prácticas. Muchas veces llegamos a discutir la idea de “flexibilizar” (palabra de incierta aplicación a lo laboral) las condiciones de las prácticas para los jóvenes o la manera de hacerlas más atractivas para los propios empresarios que debían acogerlos.

Los indicadores de inserción laboral de PROJOVEN siguieron siendo buenos a pesar de estas limitaciones pero intuimos que podía ser mejor si se daba un incentivo a las empresas. Ya en la campaña al Congreso del 2011, recogí la propuesta de Juan Chacaltana (un experto laboralista y “juvenólogo”) de normar un sistema que permitía deducir de impuestos hasta un monto del 1% del gasto en planilla lo que el empresario invierte en la capacitación de su personal. Sí, lo mismo que lo que propone la Ley Pulpín, aunque esta lo aumento a 2%, pero con dos grandes diferencias: no se proponía recortar ningún derecho reconocido en el régimen general y, lo más importante, sería parte de una política pública que incluyera la acreditación de institutos y universidades que brindarían capacitación de calidad comprobada, que no estafen a los jóvenes con cursos bambas de ingles, oratoria o primeros auxilios o que se coludan con las empresas solo para acceder al crédito fiscal. Asimismo, la propuesta incluía un sistema de fiscalización laboral mucho más fuerte que asegurara que la norma de verdad se iba cumplir, un cuco al estilo SUNAT al que los ciudadanos respeten y los empresarios teman.

Lo interesante de todo esto, es que el gobierno de Ollanta Humala ha avanzado en varios aspectos que podrían haber configurado una política pública que bien explicada y consensuada pudo haber servido para abordar integralmente el problema de la empleabilidad de los jóvenes, tal como pretende hacerlo equivocadamente la Ley Pulpín.

Por un lado, la nueva Ley Universitaria que pretende acreditar bajo criterios técnicos y objetivos a las universidades ¿Podría esto extenderse a los centros de formación técnica y productiva? De hecho, el Ministro Jaime Saavedra junto con Juan Chacaltana realizó, en sus épocas de investigador, los mejores estudios sobre juventud, empleo y capacitación. Bien se le pudo encargar el re-enfoque de la norma y una mirada más amplia sobre lo que necesitan los jóvenes para ser considerados trabajadores dignos y productivos.

Asimismo, tenemos la creación y puesta en funcionamiento, con más sombras que luces, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL que, a diferencia del sector educación, no ha contado con un liderazgo técnico ni político a la cabeza del Ministerio de Trabajo que le otorgue el peso que requiere. Lo de Otarola merecería más de un meme.

Pero tal vez lo más preocupante es que, tal como se ha dado el reglamento, no ha existido en el gobierno una verdadera preocupación por mejorar la capacitación técnica que los jóvenes pueden recibir en su primer empleo, existiendo experiencias como las de PROJOVEN, CAPLAB, Fe y Alegría y otros. El mínimo de 60 horas de capacitación que establece el reglamento es ridículo a no ser que sólo se quiera contar con jóvenes capacitados en tareas de poca complejidad como reponedor de tienda en los grandes retails.

Finalmente, es importante señalar que una de las principales deudas, del gobierno Humala  y anteriores, es no haber querido abordar el tema del empleo como política pública, entonces es la oportunidad de nuevos líderes jóvenes para llenar este vacío. No basta ya con la derogatoria de la ley Pulpín, se necesita ir más allá, y que los jóvenes, especialmente los que quieren entrar en política, agiten las nuevas banderas por la educación de calidad y el cumplimiento de las normas laborales. Es necesario pasar de lo deseable a lo posible.

Nos vemos el lunes 26 a las 9:00 a.m.


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