Por: Ramiro Vargas Cordova

“No legislamos para hoy ni para el inmediato mañana. La Constitución, si tenemos la sabiduría de concebirla realistamente, apropiadamente, debe tener vigencia para varias generaciones. Ha de ser lo bastante previsora y flexible para renovarse y renovar, confirmándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce.”

Víctor Raúl Haya de La Torre. Discurso como Presidente de la Asamblea Constituyente el 28 de julio de 1978

Mucho se comentó sobre la juramentación del Presidente de la República al evocar los principios y valores de la Constitución de 1979; poco se ha dicho en cuanto al significado de esta evocación. La Constitución por sí misma es la expresión de un conjunto de valores que la sociedad debiera sumir como tal; sin embargo, ¿a qué valores específicos nos referimos cuando citamos la Constitución de 1979?

Para ello no basta con ir y revisar dicha Constitución, es necesario también conocer el marco en el que esta se produjo y el significado que ha tenido en cuanto a su proyección, destacando la declaración de principios expresada en su extraordinario preámbulo.

Recordemos que la Constitución de 1979 fue elaborada durante la última etapa del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (en su segunda fase) bajo la presidencia de Francisco Morales Bermudes, quien se había caracterizado por desmantelar las reformas de carácter popular iniciada por su antecesor Juan Velasco Alvarado, orientando sus prioridades hacia el logro de objetivos económicos, ante un evidente crecimiento de una crisis en este campo así como a la presión de los sectores industriales internos y de los organismos financieros internacionales.

Esta etapa de gobierno se caracteriza por una propuesta más liberalizadora con cuadros técnicos dentro de de la Administración gubernamental que creen las salidas esperadas. Pero, por otra parte, se evidencia también una maduración organizativa política de los partidos y de luchas por demandas socio-económicas por parte de los sectores populares, lo que permitió la visibilidad y conducción de organizaciones políticas de izquierda, que llega a su máxima expresión con el histórico Paro Nacional del 19 de julio de 1977 (nunca antes, ni después hubo un paro de tal magnitud en el país); mientras las demandas políticas referidas a un sistema de democracia representativa eran lideradas por partidos como el Apra y el PPC, junto a otros sectores liberales y algunos conservadores.

En este contexto es que el gobierno convoca en 1977 a la mencionada Asamblea Constituyente. Las elecciones se realizan en 1978, en una coyuntura de masivas protestas populares contra la crisis económica, otorgando el triunfo al APRA y al Partido Popular Cristiano. Las izquierdas, aunque se presentan en diversos grupos, sumadas en conjunto obtuvieron la segunda votación. Pero es claro que la izquierda por ese entonces más pensaba en la Asamblea como un espacio táctico-estratégico para hacer la “revolución social” antes que en la posibilidad de la construcción de un “Estado de gobierno democrático representativo”. Por tanto, la obra de la Constitución de 1979 se debe en forma exclusiva a la alianza del Apra y al PPC, organizaciones precedidas hasta ese entonces de historias y vocación democráticas. Establecen por primera vez una declaración de principios, que no se encontraba en ninguna constitución anterior en nuestro país, que se recoge y expresa en el preámbulo de la lex legum. Los preámbulos, como dice Josep Mª Castellá “condensan y resumen las decisiones políticas fundamentales contenidas en el texto constitucional en forma de valores, principios y reglas (son los objetivos de la Constitución) y aluden al origen del poder (el titular de la soberanía)”.

En tal sentido, el preámbulo de la Constitución de 1979 fue una declaración de fe y de sus proyecciones; en ella establece la creencia en la primacía de la persona; en que ésta tiene derechos anteriores y superiores al Estado; en el trabajo como deber y derecho de todos los hombres; en la justicia como valor primario de la vida en comunidad. La decisión de promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotadores ni explotados; de fundar un Estado democrático en el que sea plena la vigencia de los derechos humanos, y en el que todos participen en el disfrute de la riqueza; de impulsar la integración de los pueblos de América Latina. Para esta enorme tarea, reafirman el propósito de mantener la personalidad histórica de la Patria, y evocan sucesivamente el pasado autóctono, el virreinato y las glorias de la Independencia y la República.

Precisamente, correspondió a Andrés Townsend Ezcurra (Partido Aprista) y Roberto Ramírez del Villar (Partido Popular Cristiano) elaborar los proyectos del preámbulo. En el aporte pepecista es clara la apuesta democratacristiana de la afirmación de la persona, la noción de bien común como cimiento del orden social; el postulado según el cual la economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Por parte del Apra, la búsqueda de una sociedad sin explotados ni explotadores, la integración latinoamericana, el rechazo de todo tipo de imperialismo.

Estas afirmaciones y postulados siguen vigentes para todos los que anhelamos construir una República justa, en la que cada habitante del territorio nacional sea una persona con la posibilidad real y concreta del ejercicio de su ciudadanía plena. Es una utopía capaz de hacerse posible, por lo tanto en gran medida los principios y valores de la Constitución de 1979 siguen siendo los faros que se muestra como guía en la realización de estos sueños.